Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia. 

Ucoerm, organización que representa en la Región de Murcia  aproximadamente al 50 por ciento de los centros concertados (cerca de  1.500 aulas, y 38.000 alumnas y alumnos) y a más de 120 escuelas  infantiles, quiere manifestar en relación con la LOMLOE y su próxima  propuesta al Congreso las siguientes consideraciones.

1.- Ucoerm manifiesta su malestar por el actual ambiente de crispación y de enfrentamiento innecesario, con el lógico desencuentro de la  comunidad educativa, en un momento en el que se debería apostar por los  consensos.

2.- Ucoerm considera que en estos momentos donde priman otras  preocupaciones en la sociedad, derivadas de la pandemia como salud,  economía, empresas, bienestar, pérdidas de empleo…… no parece que sea  el momento más adecuado para aprobar una legislación tan importante,  aun entendiéndose necesaria una ley que pudiese mejorar la situación  actual del sistema educativo (mayor inclusividad, reducción de fracaso y abandono escolar,…) , para con celeridad plantear la aprobación de una  ley sin acuerdos, sin consensos con organizaciones y asociaciones del  sector y que puede afectar claramente a gran parte de la sociedad.

3.- Ucoerm considera que no se debería utilizar a la enseñanza concertada  como campo de enfrentamiento entre distintos enfoques ideológicos, sino  que debería de ser la educación motivo de un Pacto de Estado y en su caso  Autonómico. Reiteramos en este sentido la necesidad de posibilitar un  Pacto Educativo en la Región de Murcia.

4.- Ucoerm quiere señalar que las cooperativas se caracterizan por el  principio de pluralidad ideológica de sus miembros e independencia y

autonomía en cuanto a organizaciones representativas. El valor de las  cooperativas como modelo económico y social, y por supuesto educativo  como es el caso, fomenta los valores universales de democracia,  solidaridad, transparencia, ética y cooperación. Entendemos que la  educación es un servicio público, en tanto que asegura un derecho básico  y no ha de quedar necesariamente ligado a un tipo de titularidad: la  definición de servicio público trasciende del debate estricto de la  titularidad.

Compartimos la escolarización equilibrada, integración y alumnos con NEE. Cumplimos el principio de gratuidad.

5.- Ucoerm ha manifestado en reiteradas ocasiones su postura a favor de  revisar aspectos de la Ley actual y es posible que esta ley pudiera ser una  oportunidad para ello, pero eso no es óbice para intentar con esta nueva  ley forzar la Subsidiariedad de la concertada respecto de la pública y no  respetar el sentido de complementariedad de ambas redes.

Hasta ahora ha habido una colaboración inteligente y así debería seguir  siéndolo.

De hecho, el artículo 116, correspondiente al acceso o mantenimiento de  los Conciertos educativos, otorga preferencia a los que están constituidos  y funcionan en régimen de cooperativa, cuya especificidad será además  objeto de reconocimiento.

6.- Pero no entendemos ni compartimos que en varios artículos de la  LOMLOE por ejemplo el referido a la Educación Infantil aparezcan términos como “Incrementarán progresivamente el número de plazas  públicas” lo que podría conllevar que la escolarización de los padres se  produjese en esos centros y después no cambiasen sus hijos e hijas a otros  centros a partir de los 3 años; este apartado unido a la situación de baja de

la natalidad genera un estado de incertidumbre ante la pérdida de  alumnado y de puestos de trabajo de estas docentes.

Lo que nos lleva a plantear la necesidad de financiar la etapa 0-3 años en  los centros sostenidos con fondos públicos, especialmente en las  cooperativas.

Del mismo modo, en el artículo 109 referente a la Programación de la Red  de Centros, donde de no aparecer nada en el borrador de la Ley, termina  apareciendo “Las Administraciones educativas promoverán un  incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de  titularidad pública”. 

Y en su punto 4 señala que “Las administraciones educativas deberán  tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el  principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos”. El uso de este apartado, unido a las referencias anteriores produciría  pérdida de unidades concertadas. 

La concertada sólo se reconoce en niveles obligatorios y como subsidiaria,  en aquellas zonas donde la oferta pública no sea suficiente para atender  las necesidades de escolarización.

7.- Otros aspectos como distribución unilateral del alumnado con  desventaja social ( en este caso estamos de acuerdo con un reparto  equitativo de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales o por  cualquier otra circunstancia, lo que evitaría la segregación educativa); en  todo caso apoyamos el mantenimiento de los Centros de Educación  Especial.

Valorar los criterios de la solicitud de admisión, como cercanía al centro, especialmente, o nivel de renta, hermanos/as,… eliminarían la petición  de esta organización del mantenimiento del distrito único o la libre  elección de centro por parte de los padres y ponen contra las cuerdas a una

red de centros que hasta ahora había coexistido con cierta tranquilidad a  pesar de que los costes de la misma no cubrían la educación impartida y  los gastos de los centros.

Lo que nos lleva a solicitar que el módulo de conciertos (que en estos  presupuestos se incrementa casi un 6%), se analice y se resuelva de forma  urgente y prioritaria.

Es preciso clarificar que el término “demanda social” sólo se utilizará  cuando se trate de abrir Nuevos Centros o de ampliar plazas, como parece  entenderse de la Ley. 

Y por último, es preciso clarificar el fondo de la propuesta que plantea  “según se vaya ampliando la oferta pública, se irán reduciendo  progresivamente los conciertos educativos”. 

8.- Desde Ucoerm entendemos que debemos defender nuestros derechos  actuales y así lo vamos a hacer y queremos pedir un esfuerzo a los  responsables políticos, para superar las dificultades de confrontación  ideológica en algo tan importante y básico para un país como es la  Educación y llegar a un acuerdo con el apoyo de todas las fuerzas  parlamentarias, asociaciones y organizaciones del sector de la enseñanza. Es un consenso necesario.

9.- Recordar a la Administración y al Gobierno Central que precisamente  fue este Gobierno quién estableció los conciertos educativos en 1985 y  quién estableció ayudas económica (Adicional Novena) desde el Ministerio  de Trabajo para la creación de los centros que fuese necesario construir bajo la forma de cooperativa.

Y recordar también que son centros concertados aquellos centros de  iniciativa privada con quienes las administraciones suscriben acuerdos para  ser sostenidos con fondos públicos.